Conjunto de los edificios y los objetos de valor histórico o artístico pertenecientes a un país, es la definición de patrimonio arquitectónico. "Los bienes patrimoniales conforman nuestra memoria colectiva, por esta razón deben ser preservados, aunque sus funciones originales cambien según las necesidades de cada época. De ahí que una cuestión básica, en la gestión del patrimonio, es que los órganos encargados de su conservación tengan políticas claras, de mediano y largo plazo, con el fin de no realizar intervenciones improvisadas que perjudiquen el bien que se trata de preservar", se consignó en las Jornadas sobre el patrimonio urbano y arquitectónico, organizadas en mayo de 2011, por el Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT y el Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.
El proyecto de modificación del edificio del histórico ex hotel Savoy para construir cocheras subterráneas y un centro de convenciones pone en peligro nuevamente nuestro patrimonio cultural. El 26 diciembre pasado, el apoderado de la firma Impresora Internacional de Valores SAIC (Ivisa), concesionaria del Casino, solicitó al titular del Concejo Deliberante de la capital que convocara una sesión para el tratamiento y expedición de una ordenanza especial que permita la aprobación de la remodelación y ampliación del hotel Savoy. El mismo día, la Comisión de Obras Públicas y Estética estudió el expediente, le dio dictamen favorable y lo mandó al recinto para su sanción. Sin mediar dilaciones, los concejales aprobaron la iniciativa. Los ediles oficialistas argumentaron que se trataba de una inversión beneficiosa
En el expediente que presentó la empresa en el Concejo incluye las observaciones de la Dirección de Catastro que había cuestionado el proyecto, señalando que había errores técnicos en la documentación y en los planos de obra presentados por la firma, razón por la cual resolvía denegar la solicitud de aprobación del anteproyecto de reforma y ampliación del edificio municipal por no ajustarse a lo exigido por el Código de Planeamiento Urbano (CPU). Los ediles eximieron a Catastro de tener que cumplir con lo que manda el CPU y de ese modo la obra podía llevarse a cabo a través de la excepción.
El Colegio de Arquitectos también objetó el proyecto y señaló que la Municipalidad no le pidió opinión sobre la iniciativa, pese al convenio entre ambas entidades para que los profesionales intervengan en un plan de desarrollo estratégico-urbanístico de la ciudad.
Cabe preguntarse si un ciudadano o empresario local presentaran en el Concejo Deliberante un pedido similar y solicitaran además una sesión inmediata para considerarlo, recibirían el mismo tratamiento y el asunto sería considerado y aprobado en menos de 24 horas. Una situación parecida se vivió el año pasado cuando los concejales le dieron vía libre a un proyecto de Edet, que no había sido estudiado con detenimiento por la Comisión de Obras Públicas.
Este proceder de nuestros representantes se presta a suspicacias y especulaciones de todo tipo. Si se esgrime que es un asunto importante y beneficioso para los tucumanos, por qué no tomarse el tiempo necesario para considerar los pros y los contras, solicitar la opinión de los colegios profesionales y las universidades, mucho más cuando se trata de una alteración del patrimonio arquitectónico de los tucumanos.
Las decisiones importantes no deben tomarse a las apuradas. Nuestros representantes no deben olvidar que deben defender los intereses del pueblo. Los bienes públicos no son propiedad de los gobernantes, sino de la comunidad.